Las Fuerzas Armadas que el 24 de marzo de 1976 perpetraron un golpe de Estado en nuestro país consolidaron un régimen de terror y persecución que desapareció por razones políticas a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Entre ellas, había centenares de mujeres embarazadas que parieron en cautiverio y niñas y niños que fueron secuestrados junto a sus madres y/o padres.
Los familiares de las víctimas recorríamos juzgados, comisarías, hospitales, iglesias y organismos públicos en busca de información, y obteníamos como respuesta silencios cómplices. De a poco, comenzamos a agruparnos para compartir datos y darnos fuerzas.
En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya habían convertido la orden policial de “circular” en “la ronda de los jueves” y usaban, para reconocerse, un pañuelo blanco atado en la cabeza, que simbolizaba el pañal de tela de sus hijos e hijas.
Seis meses más tarde, una madre que también era abuela se apartó de la ronda y preguntó: “¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?”. En ese momento, fuimos doce las mujeres que comprendimos que debíamos organizarnos para buscar a los hijos de nuestros hijos secuestrados por la dictadura. El sábado siguiente, 22 de octubre de 1977, nos reunimos por primera vez e iniciamos una lucha colectiva que continúa hasta hoy.
Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, Raquel Radío de Marizcurrena, Haydée Vallino de Lemos, Delia Giovanola, Clara Jurado, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, Mirta Acuña de Baravalle, Vilma Sesarego de Gutiérrez, Eva Márquez de Castillo Barrios, Leontina Puebla de Pérez, María Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena y Beatriz Aicardi de Neuhaus fuimos, sin saberlo, las doce fundadoras. Nos bautizamos como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, aunque más tarde adoptaríamos el nombre con el que nos llamaba el periodismo internacional: Abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés y niños, con centros de detención ilegal como la ESMA, Campo de Mayo, el Pozo de Banfield, La Perla, la Comisaría 5ta de La Plata, entre otros, donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 hijos/as de personas desaparecidas que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados/as junto a sus madres y/o padres fueron apropiados entre 1975 y 1980. Algunos niños/as fueron entregados/as a familias cercanas a las Fuerzas Armadas o de seguridad; otros, abandonados en institutos como NN. En todos los casos les anularon su identidad y les privaron de vivir con sus familias, en conocimiento de la verdad, de sus derechos y de su libertad.
Nada ni nadie nos detuvo en este camino de búsqueda. Alternamos tareas detectivescas con visitas diarias a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigábamos las adopciones de la época. También seguíamos las pistas de los datos que la sociedad nos hacía llegar.
Con el paso de los años, fuimos creando distintas herramientas y estrategias para buscar a esos niños y niñas, hoy adultos. Fortalecimos lazos con científicos, periodistas, docentes, juristas, deportistas y artistas solidarios que contribuyeron desde sus saberes. A través de campañas de comunicación masivas y territoriales, incidimos en el sentido común, para que la sociedad comprendiera la gravedad del delito de apropiación de niños/as y la diferencia entre una adopción de buena fe y una apropiación de una persona menor de edad. Promovimos avances en la ciencia genética –como la formulación del índice de Abuelidad que nos permitió identificar a nuestros nietos/as en ausencia de sus madres y padres. En la legislación, con la inclusión en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de los artículos 7, 8 y 11, impulsamos la construcción de un nuevo derecho: el derecho a la identidad. También querellamos en juicios para exigir castigo a los responsables, en defensa de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.
La búsqueda sigue y ya involucra a la generación de nuestros bisnietos y bisnietas que, al igual que sus madres y padres, viven sin conocer su origen familiar. Pero también es una deuda de nuestra democracia, porque hasta que no se encuentre al último nieto o nieta apropiado en dictadura, el Estado sigue cometiendo ese delito y la identidad de toda una generación está en duda.
Las Abuelas continuaremos realizando tareas de transmisión de la memoria colectiva para construir el legado de la lucha y garantizar que esta terrible violación de los derechos humanos no se repita nunca más.
Los familiares de las víctimas recorríamos juzgados, comisarías, hospitales, iglesias y organismos públicos en busca de información, y obteníamos como respuesta silencios cómplices. De a poco, comenzamos a agruparnos para compartir datos y darnos fuerzas.
En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya habían convertido la orden policial de “circular” en “la ronda de los jueves” y usaban, para reconocerse, un pañuelo blanco atado en la cabeza, que simbolizaba el pañal de tela de sus hijos e hijas.
Seis meses más tarde, una madre que también era abuela se apartó de la ronda y preguntó: “¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?”. En ese momento, fuimos doce las mujeres que comprendimos que debíamos organizarnos para buscar a los hijos de nuestros hijos secuestrados por la dictadura. El sábado siguiente, 22 de octubre de 1977, nos reunimos por primera vez e iniciamos una lucha colectiva que continúa hasta hoy.
Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, Raquel Radío de Marizcurrena, Haydée Vallino de Lemos, Delia Giovanola, Clara Jurado, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, Mirta Acuña de Baravalle, Vilma Sesarego de Gutiérrez, Eva Márquez de Castillo Barrios, Leontina Puebla de Pérez, María Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena y Beatriz Aicardi de Neuhaus fuimos, sin saberlo, las doce fundadoras. Nos bautizamos como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, aunque más tarde adoptaríamos el nombre con el que nos llamaba el periodismo internacional: Abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés y niños, con centros de detención ilegal como la ESMA, Campo de Mayo, el Pozo de Banfield, La Perla, la Comisaría 5ta de La Plata, entre otros, donde funcionaron maternidades clandestinas. Alrededor de 500 hijos/as de personas desaparecidas que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados/as junto a sus madres y/o padres fueron apropiados entre 1975 y 1980. Algunos niños/as fueron entregados/as a familias cercanas a las Fuerzas Armadas o de seguridad; otros, abandonados en institutos como NN. En todos los casos les anularon su identidad y les privaron de vivir con sus familias, en conocimiento de la verdad, de sus derechos y de su libertad.
Nada ni nadie nos detuvo en este camino de búsqueda. Alternamos tareas detectivescas con visitas diarias a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigábamos las adopciones de la época. También seguíamos las pistas de los datos que la sociedad nos hacía llegar.
Con el paso de los años, fuimos creando distintas herramientas y estrategias para buscar a esos niños y niñas, hoy adultos. Fortalecimos lazos con científicos, periodistas, docentes, juristas, deportistas y artistas solidarios que contribuyeron desde sus saberes. A través de campañas de comunicación masivas y territoriales, incidimos en el sentido común, para que la sociedad comprendiera la gravedad del delito de apropiación de niños/as y la diferencia entre una adopción de buena fe y una apropiación de una persona menor de edad. Promovimos avances en la ciencia genética –como la formulación del índice de Abuelidad que nos permitió identificar a nuestros nietos/as en ausencia de sus madres y padres. En la legislación, con la inclusión en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de los artículos 7, 8 y 11, impulsamos la construcción de un nuevo derecho: el derecho a la identidad. También querellamos en juicios para exigir castigo a los responsables, en defensa de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia.
La búsqueda sigue y ya involucra a la generación de nuestros bisnietos y bisnietas que, al igual que sus madres y padres, viven sin conocer su origen familiar. Pero también es una deuda de nuestra democracia, porque hasta que no se encuentre al último nieto o nieta apropiado en dictadura, el Estado sigue cometiendo ese delito y la identidad de toda una generación está en duda.
Las Abuelas continuaremos realizando tareas de transmisión de la memoria colectiva para construir el legado de la lucha y garantizar que esta terrible violación de los derechos humanos no se repita nunca más.
